jueves, 21 de mayo de 2015

CEGADOS Y RESIGNADOS

Ibrahim, el menor de siete hermanos, llegó del vecino Marruecos siendo un adolescente. En el seno de su familia de acogida continuó su crianza junto a Jalid, su hermano y amigo del alma. En ella se dejó querer y educar hasta alcanzar la universidad y licenciarse. El respaldo de su familia andaluza le supuso conseguir la nacionalidad española. Nunca se olvidaría de su tierra y de su familia de origen.
Como cualquier hijo, ha querido honrar a su madre haciéndola partícipe de su vida en esta tierra andaluza que tanto sabe de mestizajes a lo largo de la historia, siendo él un claro ejemplo de ese magnífico resultado. Soñaba con que su madre compartiera su casa, techo y mesa, paseara por la ribera del Guadalquivir y disfrutase de nuestras calles y plazas, tomándose un refresquito en la vecina Corredera. Pero, la maldita ley de extranjería, deshumanizadora, excluyente y criminal, alza un imponente muro para que este encuentro materno y filial se frustre.
Quivira, desde su aldea de Marruecos, quita hierro al asunto y relaja a su hijo Ibrahim tras haber conocido que le denegaban el visado y que no podrá venir a España. La indignación de él contrasta con la resignación de su madre.
Con la actual ley de extranjería, ¿cuántos podríamos estar en la cárcel por acoger a  inmigrantes sin papeles o ayudar a algún refugiado procedente de algunas de las guerras africanas o de Oriente? Las actuales leyes de extranjería, emanadas del Convenio de Schengen (1990), son las causantes de tantísimas muertes en las aguas del Mediterráneo, de las salvajes alambradas de Ceuta o Melilla, de cientos de refugiados hacinados en  la frontera esperando una oportunidad, de las violaciones a los derechos humanos continuos en los centros de internamiento, de un control de fronteras (Frontex) que deja morir a centenares de vidas apiladas en los sótanos de un barco, que mira hacia otro lado cuando la policía de los regímenes dictatoriales de la otra orilla del Mediterráneo apalean y matan a inmigrantes procedentes de países subsaharianos. Mientras los profesionales de la justicia callan ante tanta violación contra los derechos humanos, la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Ceuta no le ha temblado el pulso al decretar prisión provisional y sin fianza para el padre del niño de 8 años que iba a ser introducido en Ceuta para vivir con su familia en el interior de una maleta.
El caso de la madre de Ibrahim desgraciadamente no iba a ser diferente. El consulado de Casablanca, a través de sus empresas privadas, tan dado a denegar todo lo que huele a solidario y humano, es una torreta más de esta inmensa fortaleza en la que se ha convertido la vieja Europa, más afanada en lucrarse descaradamente de las materias primas de los países empobrecidos que en tender puente  de colaboración y solidaridad.
Desde la indignación, que nos vacuna de la resignación y de la pasividad que nos da la ceguera, seguiremos diciendo NO a toda esta inhumanidad, orquestada y creada por una política que se levanta contra los derechos humanos, los asfixia y los aniquila. Lucharemos por la madre de Ibrahim y por todas las madres que quieran encontrarse con sus hijos y no desistiremos hasta que los ojos de Quivira contemplen las aguas del Guadalquivir.
El Papa Francisco decía que quiere llevar a Dios al otorrino para que escuche el clamor de su pueblo masacrado, pero mientras tanto no estaría mal que fuésemos al oculista para que nos curase la ceguera y así gritar al unísono: ¡basta ya de tanta injusticia!

                                                                                   Córdoba, 14 de mayo de 2015

                                                                                       Miguel Santiago Losada                                                                                        Profesor y miembro de la Asociación Kala

martes, 5 de mayo de 2015

España, inmatriculada

El principal problema que están sufriendo centenares de miles de familias en todo el país es el riesgo permanente de caer en la pobreza como advierte el Informe sobre el Estado Social de la Nación 2015, a pesar de que los indicadores macroeconómicos nos anuncien el final de la crisis. Esta crisis, a diferencia de las anteriores, está causando un crecimiento exponencial de la desigualdad social, además de haber dejado al descubierto la corrupción, cuyo ejemplo más rotundo es que de los 14 ministros del gobierno de Aznar, 11 están imputados, cobraron sobresueldos o están en la cárcel.

Durante estas últimas décadas los gobiernos no sólo han sido responsables de estas corruptelas y despilfarros, que han agravado aún más la crisis, sino que han puesto incluso el patrimonio público en manos de instituciones privadas. Un escandaloso ejemplo de ello lo tenemos en la modificación que el gobierno de Aznar hizo del artículo 206  de la ley Hipotecaria, que está permitiendo a la Iglesia católica registrar miles de bienes públicos como monumentos (nacionales y mundiales), iglesias, ermitas, casas, fincas, sin acreditar título de propiedad, lo que convierte a tal institución en la mayor inmobiliaria del Estado.

Como dice Alejandro Torres, catedrático de Derecho Público de la Universidad Pública de Navarra, la Iglesia católica ha sido rápida y silenciosa en este maratón de inmatriculaciones, toleradas posteriormente por el gobierno socialista, y desconocidas por la opinión pública, hasta su denuncia por organizaciones como Europa Laica, o plataformas en defensa del patrimonio navarro o de la Mezquita-Catedral de Córdoba. El escándalo llegó a su culmen cuando el exministro Gallardón inició una amnistía registral que ha culminado ahora Catalá, para blindar a la jerarquía católica frente a un recurso de inconstitucionalidad directo contra la norma que ha permitido este expolio.
Ante esta situación cabe hacerse tres preguntas: ¿Por qué se modificó la ley en 1998? ¿Cómo nos ha afectado? y ¿Qué se está haciendo para evitarlo?
La reforma hipotecaria era un compromiso por parte del primer gobierno del PP con el sector más conservador y religioso de la derecha española, y por ello sólo tardó dos años en modificar la ley que permite a la Iglesia católica inmatricular bienes públicos. Ese gobierno estaba formado por cuatro ministros pertenecientes al Opus Dei (Margarita Mariscal, ministra de justicia; Isabel Tocino, ministra de Medio Ambiente; José Manuel Romay Beccaría, ministro de sanidad y Loyola de Palacio, ministra de agricultura) y dos considerados muy próximos a la Obra (Mariano Rajoy, ministro de administraciones públicas, y Jaime Mayor Oreja, ministro de interior). El Congreso de los Diputados era presidido por Federico Trillo, miembro del Opus Dei, y Ángel Acebes, coordinador general del PP, militaba en las filas de los Legionarios de Cristo. El mismo José María Aznar figuraba como afecto al Opus y la entonces ministra de educación, Esperanza Aguirre, se encontraba entre las defensoras a ultranza de la enseñanza católica.

La respuesta a la primera pregunta clarifica: nos encontramos ante un Gobierno que acataba formalmente la Constitución democrática y aconfesional pero con un alma, un fondo y hasta una forma nacionalcatolicista. La jerarquía católica, en consonancia con los movimientos católicos más ultraconservadores, encontró en plena democracia su mejor momento para hacerse con el patrimonio público. Contaba con el respaldo del Opus Dei que controlaba más de 1500 empresas, sociedades y bancos como el Popular; algunos de sus miembros ocupaban puestos de responsabilidad en diferentes entidades bancarias (Sancho Dronda, expresidente de la Confederación de las Cajas de Ahorro o Rafael Termes, expresidente de la Asociación española de la banca).

Esta modificación de la ley hipotecaria ha supuesto miles de inmatriculaciones en todo el Estado, desde plazas públicas, caminos, locales comerciales, viviendas, cocheras, ermitas e iglesias que curiosamente se registraban tan pronto eran restauradas por las administraciones públicas con millones de euros, hasta las osadas inmatriculaciones de la Mezquita-Catedral de Córdoba o la Giralda de Sevilla.

Ante el atropello que todo esto supone para un Estado democrático y aconfesional, qué opinan y qué harán los/as candidatos/as a las alcaldías y comunidades autónomas. Como ciudadanos y ciudadanas corresponsables deberemos de estar muy atentos a sus respuestas, y desde la reflexión, actuar en consecuencia.


Miguel Santiago profesor y portavoz de la Plataforma Mezquita-Catedral, patrimonio de tod@s