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miércoles, 1 de marzo de 2017

ANDALUCÍA, MUCHO QUE DECIR Y HACER


El Informe FOESSA de 2016 ofrece una serie de datos que  son todo un aldabonazo a la conciencia colectiva andaluza. A modo de ejemplo, es revelador detenerse en los siguientes: la renta disponible en Andalucía entre 2009 y 2015 supuso una bajada del 21.3%, ocupando el último lugar en el ranking de las comunidades del Estado; el porcentaje de personas en riesgo de pobreza ha pasado  del 28.8% en 2009 al 35.7% en 2015, bajando también nuestra posición al último lugar. Asimismo, la tasa que mide el número de familias con todos sus activos en paro subió  un 12.7% en 2016. Para no aburrir con un exceso de cifras que pueden consultarse en el citado informe, podemos concluir afirmando que en los indicadores de desempleo, desigualdad y exclusión, somos la comunidad que más veces ocupa el fatídico primer puesto.

Este desolador panorama tiene dos responsables directos, en primer lugar el Gobierno de España (PP), seguido de la Junta de Andalucía (PSOE). Junto a esta penosa situación económica y social, el buque insignia de la Junta de Andalucía, el SAS, se está viendo afectado, volviendo las mareas blancas a salir a la calle. Sobre el segundo pilar social, la educación, los últimos resultados de la prueba PISA colocan a Andalucía en el último lugar de España en ciencias, y en el penúltimo en lectura y matemáticas.

No quiero caer en el análisis fácil de que en Andalucía no se ha avanzado, sería no aceptar la realidad. Sin embargo, no al ritmo cualitativo de la mayoría de las comunidades. La desigualdad con respecto al resto sigue aumentando, y ello significa que nacer hoy en día en nuestra tierra es contar con muchas menos oportunidades. Esta situación tiene sus causas, en primer lugar, en dos hechos históricos que no podemos obviar: el sometimiento del reparto de tierras realizado por los reyes de Castilla en la baja Edad Media, que fue el origen del latifundismo. Supuso poner nuestra tierra en manos de una oligarquía conformada por nobles y jerarquía católica y ello ha provocado a lo largo de los siglos un empobrecimiento de la población. Por su parte, el golpe de Estado de 1936 provocó una terrible Guerra Civil y la pérdida de modernidad para el país, más acentuado significativamente en el sur peninsular.

Sin embargo, la autonomía devolvió la esperanza a Andalucía. El 4 de Diciembre en la calle y el 28 de Febrero en las urnas nos trajo el derecho a decidir por el 151 de la Constitución, reconociéndonos como una nacionalidad histórica, que conduce a Andalucía a ser considerada no como una comunidad más, sino como uno de los ejes donde debería pivotar el futuro escenario político y federal del país. Andalucía hoy podría liderar un federalismo garante de la igualdad entre los andaluces y de éstos con el resto del Estado, basado principalmente en los pilares básicos de la sanidad y la educación, con una hacienda propia en la que el IVA recaudado por nuestras actividades económicas recayese en políticas sociales fundamentalmente. Cabría preguntarse por qué el PIB bruto de Andalucía es un 25% menor que el de Madrid, cuando la población es de dos millones más de habitantes. La respuesta tiene que ver con que el IVA producido por nuestra agricultura, por los puertos andaluces, principalmente el de Algeciras, por el turismo, etc. va en gran parte a las arcas de la capital de España.

El Gobierno de la Junta de Andalucía, en lugar de favorecer los intereses de nuestra tierra y nuestro pueblo, ha optado por una política centralista, dejando a Andalucía como un instrumento subalterno de sus propios intereses. No cambiaremos de posición mientras la Presidencia de la Junta siga teniendo como mentores a Felipe González, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, los mismos que cambiaron el proyecto de la ley de Reforma Agraria Andaluza, propuesta por Rafael Escudero en 1983, por homenajes a la Duquesa de Alba. Habría que volver la mirada a aquellos 4 de diciembre y 28 de febrero para cargarnos de fuerza y esperanza y reclamar una política basada en la justicia social y en nuestro reconocimiento como nacionalidad o nación histórica, emulando a Blas Infante, que tras recorrer toda Andalucía, comprobó la dura realidad en la que vivían sus gentes. Tomen buena nota tanto los antiguos como los nuevos partidos políticos: Andalucía no puede estar gobernada desde los intereses centralistas. Andalucía necesita una fuerza política y social capaz de creer en ella misma para sacarla del grave empobrecimiento que padece y para exigir el lugar que le corresponde por su historia, identidad y población.
                                                                       Córdoba, 24 de febrero de 2017
                                                                            Miguel Santiago Losada
                                                                                        Profesor




martes, 29 de noviembre de 2016

CÓRDOBA, PARADIGMA

                                 
Un Estado social, democrático, de derecho y aconfesional es lo que somos según la Constitución española, o para ser más correctos, lo que deberíamos ser.
Como Estado social, España se encuentra muy lejos de alcanzar unos niveles satisfactorios de justicia y equidad. Baste recordar que tiene uno de los gastos públicos sociales por habitante más bajos de la UE-15 (grupo de países de la UE de semejante nivel de desarrollo económico que el nuestro). La Encuesta de Condiciones de Vida (ECV)  muestra que el 20% más pobre de la población española ha sido el que más renta ha perdido desde el inicio de la crisis y que las clases medias-altas y altas apenas han sentido el devenir económico durante la recesión. Murcia y Andalucía son las que más han padecido esta dura realidad, encabezando los rankings de mayor desempleo, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA).
Como Estado democrático, tampoco estamos en los mejores momentos si analizamos la situación política. Las últimas declaraciones de algunos dirigentes políticos confirman lo que era fácil de ver y adivinar: grupos financieros, económicos y mediáticos han entorpecido, con la complicidad del aparato del PSOE, una alternativa progresista al gobierno más cuestionado por la corrupción y más conservador existente en la UE-15, dando lugar a una democracia muy limitada, con escasa sensibilidad social.
Como Estado de derecho, nos encontramos con un país excesivamente normatizado que encorseta cada vez más a la ciudadanía, con una de las  leyes penales más duras de la Unión Europea para una de las sociedades menos delictivas. Una ley sumamente penalizadora con los de abajo, que masifica las cárceles de personas empobrecidas, mientras los verdaderos corruptos y delincuentes acampan a sus anchas.
Como Estado aconfesionalidad la verisimilitud es nula. La jerarquía católica, después de 40 años, sigue gozando de múltiples privilegios, impropios de un Estado aconfesional. El Estado sigue permitiendo a la Institución eclesial católica la falta de transparencia en sus cuentas, la inmatriculación de los bienes más valiosos del patrimonio nacional y el adoctrinamiento moral católico en los centros educativos públicos.
Nuestra querida Córdoba es un paradigma muy acentuado de lo descrito, me remito a dos hechos evidentes: la dura realidad social que vive nuestra provincia y el poder fáctico del que goza la jerarquía católica. Según la última Encuesta de Población Activa (EPA), en el último trimestre la cifra de personas desempleadas en nuestra provincia afecta 32.50%. Junto a Jaén, somos de las provincias con más paro. Esta tremenda situación perjudica de una manera determinante a los más jóvenes viéndose obligados a emigrar, como hace décadas, lo que ha motivado una disminución en la población joven cordobesa de un 18,26% (38.900 jóvenes menos) con respecto a la que había en 2005, según datos ofrecidos por la Secretaría de Juventud de CCOO en Andalucía. Por otra parte, si nos referimos a los privilegios de la jerarquía católica, Córdoba también destaca al haber poseído el Cabildo catedralicio la segunda caja de Ahorros de Andalucía (CAJASUR) y tener en sus manos el buque insignia de la economía turística de la ciudad, la Mezquita-Catedral. Alrededor de 13 millones de euros entran en sus arcas sin  declarar, ni tributar, recayendo todos sus beneficios en el Cabildo.
Nos queda un largo camino por recorrer hasta ver un país tal y como lo define la Constitución, y una Córdoba cuya política social y económica le permita alcanzar mayores niveles de equidad y bienestar social y, a la vez, liberada del corsé de la jerarquía  católica.

                                                                                                       Córdoba, 20 de noviembre de 2016
                                                                                          Miguel Santiago Losada

                                                                                                     Profesor

domingo, 6 de marzo de 2016

CONSTRUIR PUENTES

Vivimos en un mundo alarmantemente inhumano, injusto e insolidario, visibilizado por la ONG Oxfam en su informe anual, al afirmar que las 62 personas más ricas acumulan la misma riqueza que los 3.600 millones más pobres. De estas terribles diferencias tampoco se libra España que, según el informe de la OCDE, sigue estando a la cabeza de la UE en el crecimiento de la desigualdad desde el inicio de la crisis, tan solo por detrás de Chipre. La distancia entre ricos y pobres ha crecido, llegando en 2015 a concentrar el 1% de la población tanta riqueza como el 80% de los más desfavorecidos. Mientras tanto, la vieja y cada vez más fortificada Europa muestra su cara más hostil con los refugiados, alcanzado su máxima expresión en los 330 niños ahogados en las aguas del Mediterráneo y en los más de 10.000 niños que viajaban solos, esperando ser acogidos, desaparecidos nada más llegar a Europa, según estimaciones de la Europol (Oficina Europea de Policía), encontrándose muchos de ellos en manos de organizaciones de tráfico de personas.

Cómo puede estar pasando esto en pleno siglo XXI cuando el mismo papa Francisco afirma que la única certeza reside en que “todos somos hijos de Dios”, lo que podría traducirse para los no creyentes en: todos y todas somos iguales. Ante la falta de dirigentes políticos europeos que alcen la voz y desarrollen políticas solidarias y humanas, ha tenido que ser el papa Francisco el que denuncie tanta barbaridad y acuse a los que construyen muros. Al candidato a las primarias del Partido Republicano (EEUU) Donald Trump le ha dicho: "Una persona que solo piensa en construir muros, sea donde sea, y no en construir puentes, no es un cristiano. Esto no está en los evangelios”. Este es el mensaje que quiere dar en el año de la misericordia, el de construir  puentes y no  muros. El Evangelio es la misericordia y si la Iglesia no cumple con ese mandato está traicionando la esencia de su mensaje. La iglesia tiene que “pasar de aduana a hospital de campaña”, dice el Papa. 
Los andaluces tuvimos la suerte de tener un profeta misericordioso, que nos dejó hace 21 años, Diamantino García Acosta, al que cantaba Carlos Cano: “andaba con la verdiblanca por la causa de los pobres”. Afirmaba que él no se podía quedar encendiendo velas en la iglesia cuando había tantas personas sufriendo por las violaciones de los derechos humanos. Con su característica ironía decía que: “a Jesús no lo crucificaron por hacer procesiones sino por ponerse al lado de los explotados”. Desde su experiencia con los más empobrecidos pensaba que: “la iglesia no debiera ser un recinto de muros, ni una empresa de servicios religiosos, en la que sobran funcionarios y faltan profetas”. Estaba convencido de que: “el evangelio hay que vivirlo con la gente humilde y creer en la vida y la justicia, no es compatible con la vida cómoda en la que sólo se cree en la barriga”.
Qué lejos quedan del papa Francisco y del cura Diamantino las palabras de una jerarquía católica trasnochada que nos habla de que la violencia machista se debe a que la mujer pide la separación (arzobispo de Toledo), de cuestionar el acogimiento a los refugiados al considerarlos como el caballo de Troya de Europa al no ser trigo limpio (arzobispo de Valencia), de considerar a la homosexualidad como una deficiencia sexual (cardenal Fernando Sebastián). El obispo de Córdoba bate el récord de tanto despropósito cuando afirma que “todo hijo tiene derecho a nacer de un abrazo amoroso, que no puede sustituirse nunca por la pipeta de laboratorio, fruto de un aquelarre químico” o de afirmaciones tan fuera de lugar como que “el varón cuanto más varón sea mejor para todos en la casa, ya que aporta particularmente la cobertura, la protección y la seguridad”. Este jerarca de la iglesia, amante del boato, se cree dueño y señor de uno de los monumentos más importantes del mundo, la Mezquita-Catedral, al que por sus pretensiones ideológicas, que nada tienen que ver con el Evangelio y el Concilio Vaticano II, ha negado el nombre al monumento y ha tergiversado su verdadera historia. Mientras, la Administración responsable ha preferido mirar hacia otro lado, haciendo manifestaciones propias de un lenguaje ambiguo, ineficaz, oportunista y alejado de los intereses de lo público.
A Diamantino lo acusaron de activista, revolucionario y mal sacerdote, de conducta inapropiada, según constaba en los informes policiales. Hoy, al igual que ayer, defender los derechos humanos o defender lo público, sigue incomodando. A pesar de todo, este mundo tiene solución y aunque parezca que el esfuerzo por conseguir un mundo más justo es una causa perdida, como es tan razonable, algún día la ganaremos.

                                                                                  Córdoba, 24 de febrero de 2016
                                                                    Miguel Santiago Losada

                                               Profesor y miembro de Comunidades Cristianas Populares

lunes, 21 de septiembre de 2015

MEMORIA DE UN PUEBLO

El Parlamento de Andalucía conmemoró el pasado 5 de julio el 130 aniversario del nacimiento de Blas Infante, considerado en el Estatuto de Autonomía como el padre de la Patria andaluza, en un acto al que asistieron la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y los portavoces de los cinco grupos parlamentarios. Díaz destacó el "ejercicio de justicia" que supone este homenaje a quien enseñó a los andaluces "el orgullo y la dignidad de pertenecer a esta tierra". Andalucía es una realidad nacional que aprobó su primer anteproyecto del Estatuto de Andalucía en Córdoba en 1933. El 5 de julio de 1936, en la asamblea de Sevilla, Blas Infante es elegido Presidente de Honor de la futura Junta Regional de Andalucía, que esperaba someterse a un referéndum en septiembre, pero el golpe militar del 18 de julio lo impidió. Este proyecto no se pudo retomar hasta la muerte del dictador. El pueblo andaluz consiguió a pulso que Andalucía tuviese el mismo derecho de autogobierno que las autonomías consideradas históricas, baste con recordar las grandes manifestaciones del 4 de diciembre de 1977 y el referéndum de 1980 en el que dijimos sí para que nuestra tierra estuviese al mismo nivel jurídico y político que Cataluña o el País Vasco.
Blas Infante, por el amor a su tierra, optó por las clases más desfavorecidas y por reclamar nuestras raíces históricas y patrimoniales, lo que le llevó a ser detenido el 2 de agosto de 1936 en su casa de Coria del Río y fusilado, sin juicio previo, en la madrugada del 11 de agosto en el km. 4 de la carretera de Carmona. La Junta de Andalucía tardó 23 años en materializar el homenaje al padre de la Patria Andaluza con la puesta en valor de su casa, la “Casa de la Alegría” como el mismo la denominó.
Después de 79 años del fusilamiento de Blas Infante, Queipo de Llano sigue enterrado en la basílica de la Macarena de Sevilla, el general golpista y genocida que lo mandó fusilar como lo hizo con miles de personas, entre ellas Federico García Lorca. Este general tiene su propio “Valle de los Caídos” en Andalucía para vergüenza de la Iglesia española, que mantiene las tumbas de dictadores y criminales en sus basílicas, y de los Gobiernos español y andaluz que no cumplen con la legalidad vigente, la ley de la memoria histórica.
Precisamente por ese ejercicio de justicia que proclamaba la Presidenta, Andalucía merece por la memoria de su pueblo que todo lo relacionado con el pasado franquista sea eliminado. Solo una Andalucía que dignifique su memoria y sepa estar atenta a los tiempos podrá situarse en el sitio que le corresponde por su historia, cultura y medio natural, en el nuevo marco federal o plurinacional que se le quiere dar al Estado español. Hay que estar muy vigilantes para que tanto los partidos que nos vienen gobernando como los emergentes no devalúen a nuestra tierra negándole su verdadera identidad.

                                                                       Córdoba, 3 de agosto de 2015
                                                                         Miguel Santiago Losada

                                                                                    Profesor

miércoles, 11 de marzo de 2015

Andalucía, tierra y cultura

Amanecía el esperanzador 28 de febrero de 1980 cuando con algo más de veinte años me dirigía al barrio cordobés de las Moreras para estar en una mesa electoral. Las Moreras de los años ochenta estaba habitado por familias humildes que vivían en pequeñas casas “portátiles”, aquellas casas “provisionales” que acogieron a varias generaciones. Una abuela gitana del barrio, enlutada, de pelo blanco y un moño perfectamente recogido, fue a votar. Ante la urna, el presidente de la mesa le pidió el carnet de identidad con la mala suerte que se le había olvidado. Se marchó a duras penas ante su falta de movilidad. Lo mejor del día fue cuando poco antes de cerrar el colegio electoral, María se presentó renqueante con carnet en la mano y papeleta para votar por su Andalucía, por su tierra y su gente. Ese instante representó para mí lo mismo que aquel domingo 4 de diciembre de 1977 cuando con la blanquiverde participé en la multitudinaria manifestación de Córdoba para exigir al Gobierno que nos reconociera con los mismos derechos que Cataluña o el País Vasco a través del artículo 151 de la Constitución.

Después de 35 años el pueblo andaluz volverá a votar en un momento social y político muy delicado. Una realidad que requiere la reflexión que hizo Blas Infante en el Ateneo de Sevilla en 1914 con estas palabras: “Este es el problema: Andalucía necesita una orientación política, un remedio económico, un plan cultural”.

Todas las personas que se presentan al Parlamento andaluz deberían prometer ante el estatuto de Andalucía que reconocen a esta tierra, preñada de cultura e historia, como una nacionalidad histórica, y que dignificarán a sus gentes luchando contra la pobreza, el paro y las desigualdades. Posiblemente, con este primer filtro las listas electorales quedarían bastante menguadas. Aún hoy nos llegan de fuera diciendo que nos quieren enseñar a pescar, enseñar a un pueblo que en palabras de Antonio Gala: “fue literalmente el ombligo de un orbe y cuya aportación a la cultura occidental sólo la de Atenas puede parangonarse”.

Miguel, un joven licenciado en la universidad pública, está deseando encontrar un trabajo para regresar de Alemania y enriquecer a su tierra con su inquietud juvenil y su formación intelectual. Dolores, autónoma, está esperando poder abrir su pequeño negocio en el que tenía contratadas a dos mujeres. Nuestros mayores Trini, Antonia, Pedro…, se nos “fueron” antes de que sus familias recibieran la comunicación de tener  derecho a una prestación por su situación de dependencia. Manuel, ejemplo del pequeño-mediano empresario honrado y emprendedor, lleva varios meses esperando que su banco de toda la vida deje de pedirle papeles para concederle un crédito con el que abrir una nueva línea de negocio.

Pepe, un joven criado en un barrio que padece la exclusión social, ha visto como sus abuelos, sus padres y sus hijos siguen siendo víctimas de una política que no ha terminado con las alarmantes cifras de la exclusión social. Sus abuelos engrosaban aquel 30% de pobres que padecía Andalucía en 1998, sus padres, en pleno crecimiento económico de 2004, formaban parte de los 2.5 millones que estaban bajo el umbral de la pobreza, y él con su familia es víctima de una nefasta política, llamada crisis y recortes, que al día de hoy condena a 3.2 millones de andaluces/as a la pobreza y exclusión social mientras los rescates bancarios nos cuestan millones y millones de euros.
En casa de Manoli no entra un euro desde hace varios años y se le cae la cara de vergüenza de hacer colas ante la Cáritas parroquial de su barrio para que le den una bolsa de comida. Antes tuvo que pasarse por su Centro Cívico para que la trabajadora social certificase su estado de pobreza y hacer todo un periplo por diferentes parroquias para que certifiquen que de ellas no recibe alimentos. La Administración pública certifica la pobreza y la iglesia hace la obra de caridad. Stop desahucios la está ayudando para que no la echen de su casa.

Enrique, parado tres años, es uno de los que están en el fatídico número millonario 1.396.000 parados de la EPA (Encuesta de Población Activa). Hace chapuzas para un empresario que se lucra de la economía sumergida que en Andalucía se eleva a 40.500 millones de euros (el 29% del PIB andaluz).
Nuestro entrañable y querido Diamantino García Acosta, el cura jornalero e incansable luchador por la justicia social, decía hace años que los derechos humanos andan torcidos. Sólo la ciudadanía puede enderezarlos desde la calle, el trabajo, el compromiso y el voto que lleve al Parlamento y al Gobierno andaluz a personas que conocen y quieren a su tierra, personas que no hacen de la política una profesión, personas dispuestas a combatir el empobrecimiento dignificando a sus gentes, y personas que se les humedecen sus ojos cuando entonando el himno de Andalucía exclaman: ¡Andaluces, levantaos! ¡Pedid tierra y libertad!

                                                                                     Córdoba, 9 de marzo de 2015
                                                                                      Miguel Santiago Losada .Profesor

viernes, 1 de marzo de 2013

AYER, HOY Y MAÑANA DEL 28-F

Dos millones de andaluces/as, cerca de cien mil en Córdoba, se manifestaron el 4 de diciembre de 1977 para exigir la Autonomía. Con apenas 20 años asistí a la de Córdoba, portando la bandera verdiblanca que mi padre me había comprado para tan emotivo acontecimiento histórico. Recuerdo que la multitudinaria manifestación partió desde la glorieta de la Cruz Roja, pasó por Ronda de los Tejares donde, a la altura en la que estaba la sede de la UCD, el gentío gritaba: "Entre bancos se ve el rosco de Ucedé" (símbolo del antiguo partido del presidente Suárez conformado por un círculo mitad verde y mitad naranja). Posteriormente, en la calle Cruz Conde, conforme pasaban los manifestantes por la sede de Alianza Popular la pitada era generalizada por oponerse a la Autonomía y a la modernización del país. Muchos manifestantes no pudieron acceder a Las Tendillas ya que se encontraba abarrotada de gente.
La esperanza que el pueblo había depositado en la Autonomía era la esperanza de resolver los seculares problemas de Andalucía. El paro, la educación y la formación, la reforma agraria, las infraestructuras..., eran reivindicaciones que se repetían en las distintas manifestaciones que se estaban celebrando a la vez por toda Andalucía y Barcelona. Mientras esto sucedía, en Málaga, al pasar la manifestación por delante de la Diputación, un joven escaló hasta el balcón para poner una bandera andaluza en el mástil. Poco después, la policía cargó, hubo disparos y una bala mató al joven José Manuel García Caparrós. El poeta Cristóbal Benítez Cornellá llegaría a escribir en tan trágicos momentos: "Yo quiero que tu sangre la recuerden, la siga recordando nuestro pueblo como una ofrenda a todos los vientos, que proclaman libertades".
Algo más de dos años después, el 28 de febrero de 1980, los andaluces fuimos convocados para decidir sobre el modelo que queríamos para nuestra tierra. Elegimos el mismo modelo del que disfrutaban Cataluña y el País Vasco. En ese día me encontraba en una mesa electoral de la barriada de Moreras. Los ojos aún se me humedecen cada vez que recuerdo a una abuela de etnia gitana que con sus más de 80 años y llena de achaques fue a votar. En un primer intento no pudo hacerlo porque se le había olvidado el carnet. A la hora volvió con apenas fuerzas para depositar su voto "por su tierra y su gente, tantos siglos pisoteada".
Han pasado más de 30 años de aquellos históricos acontecimientos. La crisis, los desahucios, el Estado de bienestar, el paro, la sanidad y la educación pública vuelven a marcar el 28-F. Un 28-F que para mí tiene dos gestos de mucha valía. El primero, a nivel local, la distinción a la plataforma Stop Desahucios, que denuncia la problemática de miles de familias que se han visto afectadas por procesos de desahucio de su vivienda habitual. El segundo, la distinción de José Manuel García Caparrós como hijo predilecto de Andalucía, a título póstumo. Un merecido homenaje que debería de habérselo hecho muchos años atrás.
Más de treinta años después, Andalucía continúa a la cabeza del desempleo en el Estado español y en Europa, millones de personas están en una situación de pobreza; nuestros jóvenes vuelven a tener que emigrar y nuestra cultura sigue siendo degradada.
Como dijera Antonio Gala en su discurso de apertura del Congreso de Cultura Andaluza pronunciado en la Mezquita de Córdoba el 2 de abril de 1978: "Quienes quieran lo mejor para su patria, conózcanla antes a fondo: porque es el conocimiento quien engendra el amor y el amor quien multiplica y perfila el conocimiento".
* Profesor y presidente de la Asociación KALA


viernes, 26 de febrero de 2010

Andalucia

Andalucía, por su dilatada historia, llegó a tener una situación preautonómica que arrancó con la asamblea de Ronda de 1918, y de no haber sido por el golpe militar franquista de 1936 hubiese refrendado su estatuto de autonomía. De ahí se desprende que desde finales de los años 70, en plena transición política española, los andaluces reclamásemos nuestro reconocimiento histórico como autonomía a través del artículo 151 de la Constitución (vía para las plenas competencias autonómicas). Memorable fue el 4 de diciembre de 1977 cuando millones de andaluces salimos a la calle con las banderas verdiblancas exigiendo el reconocimiento nacionalista que históricamente se nos había negado. Ese mismo día, en la manifestación de Málaga, un guardia civil mató de un tiro al joven José Manuel García Caparrós cuando intentaba poner una bandera andaluza en el balcón de la Diputación Provincial.
El 28 de febrero de 1980 nos ganamos a pulso, a través del referéndum, el acceder a nuestra autonomía por el artículo 151, lo que suponía el mismo techo autonómico que las tres nacionalidades consideradas históricas. El preámbulo del reformado Estatuto de Autonomía de Andalucía de 2007 dice que la Constitución de 1978, en su art.2, reconoce a Andalucía como una nacionalidad. Hoy, después de 30 años, Andalucía sigue siendo una sociedad dual, la del bienestar y la empobrecida económica y socialmente, en la que encontramos a más de 400.000 personas en una situación de extrema pobreza. Urge una política social en la que la formación y el empleo junto al acceso a una vivienda digna sean los pilares que generen la verdadera justicia social.
La Andalucía imparable, la Andalucía al máximo, la segunda modernización de Andalucía, según la Junta de Andalucía, no se ha traducido en una apuesta valiente y real para atajar el principal problema que padece nuestra tierra: el empobrecimiento y la exclusión social. Hasta la presente todo ha sido buenas intenciones y poco más.
Desde principios de la década de los 90 se planteó por la anterior Consejería de Asuntos Sociales una Ley de Inclusión Social. Incluso se llegó a elaborar un borrador en febrero del 2001 sobre la misma.
En vísperas de las elecciones andaluzas del 2004, el entonces consejero de Asuntos Sociales presentó el Plan Andaluz para la Inclusión Social, que fue aprobado en el Consejo de Gobierno de 11 de noviembre del 2003 y que estaría en vigor hasta el 2007.
Aunque se siguió interviniendo en algunas zonas con una elevada exclusión, al día de hoy no podemos hablar de que haya alcanzado un nivel suficiente. En el año 2007 la situación era prácticamente la misma que en el 2003. Apenas se había construido vivienda de promoción pública, el deterioro de algunos barrios había aumentado, las ayudas familiares resultaban a todas luces insuficientes. Incluso han sido años en los que se ha invisibilizado la pobreza en vez de haber sensibilizado a la población sobre ella, llegando incluso a criminalizarla.
Con las elecciones autonómicas del 2004 llegó la nueva imagen. La actual Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social responde más a la clase social media, votantes mayoritarios, que a las clases sociales más desfavorecidas. Es una Consejería a la medida de la Andalucía al Máximo que esconde el primer problema andaluz: las miles de personas que padecen la exclusión social. De ahí que todavía siga pendiente de responder a problemas sociales como: ¿En los últimos diez años qué incremento han experimentado las ayudas económicas familiares destinadas a la población más necesitada? ¿Hay recortes en las políticas a la hora de intervenir en zonas necesitadas de transformación social? ¿Son prioritarias las medidas de empleo en estas zonas?
El nuevo estatuto, que se sometió a referéndum el 25 de febrero de 2007, se impregnó de un fuerte carácter social contemplando incluso el derecho a la Renta Básica. Sin embargo, después de tres años, es solo papel mojado cuando las necesidades sociales son más urgentes que nunca por la crisis que estamos atravesando.
Ahora más que nunca es necesario una Ley de Inclusión Social que con presupuesto haga efectivas medidas de formación y empleo, educación, salud, vivienda y una renta básica. Ello conllevaría, entre otras cosas, a paliar en gran medida los estragos que tanto el tráfico como el consumo de las drogas provocan, causa directa de que las cárceles estén masificadas de personas empobrecidas y excluidas.
* Profesor y Presidente de la

Asociación KALA 

sábado, 18 de noviembre de 2006

LA ANDALUCÍA DEL MÍNIMO

CARTA ABIERTA AL SR. CHAVES,
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA


         En la última sesión de control al Ejecutivo andaluz en el Parlamento, el presidente de la Junta, Manuel Chaves, minimizó los datos de la pobreza severa en Andalucía, que situó en unas 29.000 familias (alrededor de 120.000 personas), afirmando que la economía está en condiciones de dar respuestas.

         La APDHA, viene denunciando año tras año el principal problema que padece Andalucía, la situación de vulnerabilidad y exclusión social en la que viven, según los datos oficiales, alrededor de 400.000 personas y que contrasta significativamente con la ofrecida por el Sr. Chaves. Esta realidad se intenta invisibilizar, minimizar, como si se sintiera vergüenza del ciudadano y ciudadana que se encuentra en peor situación social.

         Todos los días se nos recuerda la segunda modernización de Andalucía  con eslóganes como Andalucía imparable, Andalucía al máximo. Sin embargo, se quiere minimizar, por otro lado, la Andalucía del mínimo, la Andalucía empobrecida y excluida. De no tomarse medidas políticas de envergadura en el terreno de lo social, la segunda modernización de Andalucía puede ahondar aún más en la desigualdad social de nuestra tierra, conformada por una sociedad del bienestar social (5.5 millones de personas) y una población empobrecida (2.4 millones de personas), de las cuales 400.000 padecen una grave vulnerabilidad y exclusión social. Esta situación debería tener la máxima prioridad en las agendas políticas, para lo que se hace necesario, en primer lugar, visibilizar y asumir, sin tapujos ni enredos de cifras, la cruda realidad de empobrecimiento y exclusión social y, en segundo lugar, desarrollar las medidas políticas necesarias encaminadas a la inclusión social.

         El Señor Presidente de la Junta de Andalucía debería tener un conocimiento más exacto de los datos que nos informan de la realidad social andaluza. No se sabe de que fuente se extrae el dato de las 29.000 familias excluidas. No obstante y de ser cierto, ya es lo suficientemente grave, que alrededor de 120.000 personas estén excluidas, como para afrontar esta situación con la máxima prioridad y celeridad posible. Sin embargo, el Sr. Presidente debería repasar los datos y cifras ofrecidos por organismos e instituciones de máximo prestigio andaluz y estatal como son los informes ofrecidos por ECV, FOESSA, INE, IESA. El informe FOESSA de Cáritas del año 1998 nos daba unos datos desalentadores sobre la pobreza en Andalucía, pues el 26.3% de los hogares estaban en esta situación, lo que significaba que casi medio millón de hogares andaluces eran pobres. Un porcentaje sólo rebasado por Extremadura (37.5%), Melilla y Ceuta (32.5%) y Castilla La Mancha (29.1%). A pesar de ello, lo más alarmante es que los últimos datos aportados por el INE en el año 2004 y la estimación del Plan Nacional de Acción por la Inclusión Social del Gobierno de España nos viene a decir que la situación de empobrecimiento social se mantiene después de una década a pesar del intenso crecimiento económico de España y de Andalucía en particular.

Profundizando más en ellos podemos destacar que de los cerca de 8.000.000 millones de andaluces, 2.4 viven bajo el umbral de la pobreza (el 31.1% de la población), de los que 400.000 padecen una grave vulnerabilidad y exclusión social. El IESA ha analizado más profundamente esta realidad detectando 104.644 hogares andaluces que padecen la exclusión social, o sea el 5% de las familias, muy lejos del 1% planteado por el Sr. Presidente. Cádiz se lleva el ranking de población excluida con un 9.4%, seguida de Sevilla (6%), Huelva y Málaga (5%), Córdoba y Almería (4%) y Granada que junto a Jaén acumulan un 3.8%.

¿Dónde habitan todas estas personas? Por un lado, las comarcas andaluzas con más del 10% de su población en exclusión social pertenecen principalmente a dos provincias, Cádiz y Sevilla, que se agrupan en comarcas de Campiña (Lora, Écija, Lebrija, Los Palacios, Las Cabezas, Medina Sidonia), las comarcas de Sierra (Pruna, Olvera, Villamartín y Arcos) y las comarcas marítimas (Sanlúcar, El Puerto, Conil, Barbate y Campo de Gibraltar). Les siguen otras que se extienden por una línea marcada por las cordilleras Béticas, desde la sierra de Ronda hasta la sierra de Segura. Por otro lado, en las zonas urbanas la exclusión social adquiere rasgos que la hacen particularmente grave por la concentración de personas excluidas que padecen algunas barriadas y que pueden agrupar centenares e incluso miles de personas en exclusión. Entre ellas podemos destacar La Chana y el Puche en Almería, El trillo y el Cerro del Moro en Cádiz, Cruz Vieja y San Telmo en Jerez, Palmeras y algunas zonas del distrito Sur de Córdoba, Almanjáyar-Cartuja en Granada, Hotel Suárez y la Hispanidad en Huelva, El Valle en Jaén, Los Asperones y La Palmilla en Málaga y El Vacie y Polígono Sur en Sevilla.

El conocimiento exhaustivo de la realidad social nos debe conducir a desvelar y visibilizar la exclusión y a tomar todas las medidas necesarias  para erradicarla. Sin embargo, el Sr. Presidente, en su línea de minimizar la exclusión en Andalucía, ofrece a la oposición cinco pactos sobre el agua, la educación, la inmigración, la dependencia y RTVA. Sería lógico, desde un proceder político de justicia y progreso, que dentro de ellos  priorizase un pacto para erradicar la exclusión social, que por cierto los grupos parlamentarios de la oposición deberían de exigir.

Sr. Presidente, el 25 de febrero los andaluces estamos llamados a votar el nuevo estatuto, que apuesta más decididamente por la política social. Para que ello no se quede en buenas intenciones, debería asumir que la exclusión social es el principal problema de Andalucía y que para  abordarlo hace falta una política social que tenga su traducción en el Parlamento, con la aprobación de la esperada Ley de Inclusión Social, dotada de presupuesto, y en su Ejecutivo, a través de una Consejería de primer nivel que tenga la capacidad de desarrollar los contenidos de dicha Ley.

Por último tenga a bien el reflexionar sobre estos versos de Pablo Neruda: ¿Quiénes son los pobres? No sé, pero son míos.



                                              Miguel Santiago Losada
                                Coordinador del Área de Marginación de la APDHA

                                        Córdoba, 18 de noviembre de 2006 

miércoles, 12 de octubre de 2005

EL ESTATUTO AUTONÓMICO DE ANDALUCÍA

Llevamos algún tiempo debatiendo como Estado las futuras reformas estatutarias de las Autonomías, alguna de ellas, como la valenciana, admitida a trámite en el Congreso de los Diputados.

En este interesante y trascendental momento por el que atraviesa este país asistimos a un animado debate político protagonizado por algunas autonomías, caso de Cataluña y País Vasco. Se consideran naciones históricas a raíz de habérseles reconocido sus estatutos autonómicos en la segunda república, por el hecho de poseer un gran número de tradiciones y modos de ser, así como una misma lengua. Amparadas en ello, tienen como objetivo conseguir el máximo techo de autogobierno.

Andalucía llegó a tener una situación preautonómica, y de no haber sido por el golpe militar franquista de 1936 hubiese gozado de una autonomía al igual que Cataluña, País Vasco y Galicia. De ahí se desprende que desde finales de los años 70, en plena transición política, los andaluces reclamemos nuestro reconocimiento histórico como autonomía a través del artículo 151 de la Constitución (vía para las plenas competencias autonómicas). Memorables fueron el 4 de diciembre de 1977 cuando millones de andaluces salimos a la calle con las banderas verdiblancas exigiendo el reconocimiento nacionalista que históricamente se nos había negado. Posteriormente, el 28 de febrero de 1980 nos ganamos a pulso, a través del referéndum, el acceder a nuestra autonomía por el artículo 151, lo que suponía el mismo techo autonómico que las tres nacionalidades consideradas históricas.


Hasta finales del siglo XVII se designaba con la palabra nación a un grupo social o realidad cultural, con gran número de tradiciones, así como una misma lengua; en nuestro caso se trataría del andaluz. Sin embargo, por un espíritu centralista cultural y lingüístico el término nación fue absorbido por el término Estado (territorio formado por un  grupo social numeroso que forma una unidad política de acuerdo con una Constitución). En estos tiempos el sentido de la razón y la memoria histórica nos debe llevar a buscar soluciones que vuelvan compatibles la convivencia y la cohesión entre diferentes naciones, pueblos o regiones en el seno de un mismo Estado. Por lo que sería razonable que en nuestro estatuto se reconociera a Andalucía como una nación integrada en el Estado español.

Siendo este punto importante por el reconocimiento de nuestra historia y tradiciones, lo es más la consideración social que el nuevo estatuto debería acoger y proclamar. En una Andalucía donde la sociedad está dualizada, una la del bienestar y otra empobrecida económica y socialmente, en la que encontramos a más de 300.000 personas en una situación de extrema pobreza, el nuevo estatuto deberá marcar con absoluta prioridad los derechos sociales con garantías de cumplimiento. Si bien es verdad que la educación y la sanidad han alcanzado metas aceptables, la vivienda digna y el empleo distan mucho de haber llegado a toda la población. La formación y el empleo junto al acceso a una vivienda digna distribuida por todo el tejido urbano de las ciudades que evitasen los guetos sociales, verdaderas bolsas de exclusión social, son los pilares que generan la verdadera justicia social.

Desde esta perspectiva el nuevo Estatuto debería tener en cuenta los siguientes puntos:

1.- Los recursos básicos que deben dar respuesta a las familias más desfavorecidas son el empleo y la formación, que posibilitan la verdadera integración social de las mismas.

2.- El derecho a una renta básica sería un recurso mínimo imprescindible para cualquier ciudadano.

3.- El desarrollo de un tejido urbano equilibrado y cohesionado que evite las barriadas tipo gueto que tanto daño han hecho a los sectores más desfavorecidos de la sociedad y la erradicación por completo de asentamientos chabolistas. El caso del Vacie significa el fracaso más rotundo de la política social desarrollada por las administraciones. Para ello sería necesario el desarrollo real de la ley de suelo que establece, además de que el 25% sean VPO, una distribución de la vivienda social por todos los planes parciales de los PGOU de las diferentes ciudades.

El empleo, la formación, la renta básica y la vivienda generarían  resultados bastante satisfactorios en los sectores de mayor exclusión social, que conllevarían a paliar en gran medida los estragos que tanto el tráfico como el consumo de las drogas provocan, causa directa de la masificación de las cárceles.

4.- El desarrollo de una nueva política sobre drogas, que sitúe a las mismas en un nuevo marco jurídico que prevea la legalización de estas sustancias y la despenalización de conductas relacionadas con las toxicomanías, que conlleve a ver a la persona consumidora e incluso al pequeño   traficante como las principales víctimas del narcotráfico. Esto llevaría a dar una respuesta sanitaria y social, en vez de la penal y penitenciaria determinadas por la actual política, que tienen hacinadas a las cárceles de jóvenes enfermos y empobrecidos  mayoritariamente.

5.- El desarrollo de una política social que evite las situaciones de riesgo en los niños de los barrios más desfavorecidos, ya que en algunos casos, por la realidad que viven, son retirados de sus familias por parte de la administración.

6.- La puesta en marcha de una política de protección de menores basada, en los casos de desamparo, en el apoyo a la familia extensa y en la de acogida. Al mismo tiempo, la legislación sobre los menores infractores no debe basarse en  una ley penal cuya finalidad sea reprimir y controlar por encima de otras consideraciones, ahondando aún más en la exclusión del menor infractor. Deberá buscar soluciones basadas en la educación, prevención, mediación, arbitraje social, etc.

7.- Los menores inmigrantes acogidos por la Junta de Andalucía deberían ser objeto de políticas sociales, educativas, formativas y laborales encaminadas a brindarles una ciudadanía digna al igual que al resto de la juventud, evitando soluciones fáciles como la repatriación o la construcción de centros de menores en Marruecos que no ofrecen ninguna garantía.

8.- Andalucía por su situación geográfica es la puerta de Europa para muchas personas empobrecidas de África. La desesperación y la falta de futuro que provocan la guerra y la pobreza hace que miles de personas hayan dejado su vida en las aguas del Estrecho y de Canarias y, más recientemente, en los intentos de acceder a través de los nuevos muros de la vergüenza europea de Ceuta y Melilla. El nuevo Estatuto debe apostar por una política social sobre inmigración que posibilite la incorporación de las personas inmigrantes en nuestra sociedad, evitando medidas policiales y de contención que lo único que provocan es una riada de muertes injustas e inhumanas.

9.- El Estatuto debe favorecer una política exterior de cooperación y solidaridad con la vista puesta en los 2.500 millones de personas que malviven sobre todo en el África Subsahariana.


10.- El Estatuto debe potenciar una red de servicios públicos asistenciales que sean cauce de integración social, sobre todo para las personas con mayores necesidades: sin techo, toxicómanos, ancianos, mujeres prostituídas…, evitando todo tipo de medidas que los fiscalicen y judicialicen aún más.

Todos estos objetivos sociales deberían concretarse en una ley de inclusión social para que lo que marque el nuevo Estatuto no se quede en una mera declaración de buenos principios.


                                                               Córdoba, 12 de octubre de 2005
                                                                  
Miguel Santiago Losada
                                                                   Coordinador del Área de Marginación
                                                                   APDH-A