martes, 17 de febrero de 2015

LA MEZQUITA, UN AÑO DE DEBATE CIUDADANO

El presidente de la Asociación de la Prensa de Córdoba, Manuel Fernández, escribía el pasado noviembre en el diario Córdoba que “suponemos que no habrá sido un miedo subliminal a nombrar las cosas por su nombre el que haya hecho que nuestro Ayuntamiento celebre los 20 años de Córdoba como patrimonio mundial y se haya olvidado de los 30 años de la Mezquita que, "sin embargo, se mueve", como defendió Galileo, a pesar de la intolerancia científica de la Iglesia”.
La Mezquita-Catedral de Córdoba ha vuelto a resonar en todos los rincones del mundo gracias al movimiento ciudadano que bajo las siglas “Mezquita-Catedral de Córdoba, patrimonio de todos/as”  está denunciando los intereses de un obispado y un cabildo que llevan 20 años poniendo en entredicho la historia y el patrimonio de Córdoba: por negarle el nombre de mezquita a nuestro principal monumento, por el que han visitado nuestra ciudad cerca de un millón de personas el pasado año, por intentar apropiarse de un monumento de dominio público, que fue declarado patrimonio nacional en 1882 y patrimonio mundial de la humanidad en 1984, inmatriculándolo en el registro de la propiedad por 30 euros y gestionándolo al margen de las administraciones públicas, principales responsables del patrimonio del país.
Este debate ciudadano está respaldado por 400.000 personas (firmas recogidas en Change.org), entre las que se encuentran destacadas personalidades de todo el mundo, movimientos cristianos de base de Europa y profesionales relevantes de nuestra ciudad, que a través de sus artículos se han ido posicionando a favor de nuestros postulados. Este debate, en palabras de D. Carmelo Casaño Salido, diputado en las primeras elecciones democráticas, “está produciendo un gran bien: el fortalecimiento de las virtudes ciudadanas en una sociedad abierta” (Córdoba, 22-01-2015). Por su parte, el escritor cordobés Joaquín Pérez Azaústre ha criticado la postura de José Antonio Nieto quien considera que “el debate sobre la Mezquita-Catedral puede traer males a Córdoba” y por no querer contar con la plataforma a la hora de buscar soluciones. El escritor llegó a escribir que “el olor del miedo no es el mejor guion del gobernante. Pero aquí seguimos sin debate y sin guion, mientras se excluye a la ciudadanía” (Córdoba, 18-01-2015).
La plataforma dejó muy claro desde principios del año pasado, a través de un manifiesto, sus objetivos: denominar al monumento Mezquita-Catedral, nombre que no excluye a nada ni a nadie, declarar inconstitucional la inmatriculación, pedir la titularidad pública y que en su gestión entre a formar parte la Administración pública, no cuestionando en ningún momento el uso católico.
Decir Córdoba es decir la ciudad de la Mezquita. María Luisa Calero, catedrática de lingüística de la UCO, escribió: “pretender robar, prohibir o censurar una palabra (como la palabra mezquita para quienes habitamos en Córdoba) sería pretender borrar parte de la historia y de la identidad de un grupo humano” (Córdoba, 25-04-2014). Juan Goytisolo nos recordaba que “el palimpsesto de estratos históricos, común a todo el área del Mediterráneo, halla su más cabal expresión en la mezquita-catedral de Córdoba (…) La denuncia por parte del colectivo de ciudadanos Plataforma Mezquita-Catedral Patrimonio de Todos, del atropello histórico consistente en encubrir la huella islámica y andalusí de la mezquita mediante manipulaciones y trampantojos, se apoya en hechos indiscutibles y argumentos sólidos” (El País, 14-12-2014).
Un estado social y democrático de derecho y aconfesional “no puede mantener un sistema de inscripción registral que equipara a la Iglesia con el Estado (…) estamos ante una cuestión de legitimidad constitucional y que por tanto demanda resolverse de acuerdo con los principios que presiden nuestro ordenamiento jurídico” manifestó Octavio Salazar, profesor de derecho constitucional de la Universidad de Córdoba (Córdoba, 03-03-2014). En este mismo sentido, Fernando Martínez Pérez, profesor titular de historia del derecho en la Universidad Autónoma de Madrid, y once profesores más, criticaron a la Dirección General del Patrimonio, dependiente del Ministerio de Hacienda, por no admitir la denuncia de un particular contra la usurpación que “supone una renuncia del Estado a disputar la titularidad de este monumento nacional a la Iglesia católica” (El Público, 18-07-2014).
A lo largo del pasado año el escritor y abogado cordobés don Rafael Mir Jordano ha reiterado en varias ocasiones que la Mezquita-Catedral es un bien de dominio público, analizando la inexactitud de atribuir que en 1236 Fernando III dio a la Iglesia la propiedad, cuando lo que concedió fue la posesión con fines sagrados. Una cosa es la posesión continuada y otra distinta el derecho de propiedad que no puede adquirirse por el transcurrir del tiempo cuando concierne a bienes de dominio público.
Para finalizar recupero la recomendación que nos da el arquitecto Juan Serrano, miembro del prestigioso Equipo 57: “El hecho de que la Mezquita y Medina Azahara (que corresponden a la época que según el historiador Chueca Goitia fue la más importante de la Historia de España y transcendental para la Historia de la Arquitectura) se encuentren en nuestra ciudad, creo que nos implica como ciudadanos cordobeses tanto en el debate político como en el plano de la cultura” (Córdoba, 16-07-2014). Precisamente por su excelencia cultural la Mezquita–Catedral debería estar gestionada “por un patronato formado por diferentes actores, como en la Alhambra o Altamira”, como hace unos días afirmaba el arqueólogo Antonio Vallejo, exresponsable del yacimiento Omeya de Medina Azahara (El País, 25-01-2015). En definitiva, ni faltan motivos para la denuncia, ni razones para reivindicar lo que es de todos y todas.
                                          Córdoba, 20 de febrero de 2015
                                               Miguel Santiago Losada

          Profesor y portavoz de la plataforma “Mezquita-Catedral, patrimonio de todos/as”