domingo, 29 de agosto de 2004

EL ULTIMO ESLABON

Desde el año 1980 al 1990 la población penitenciaria aumentó en más de 20.000 personas presas, llegando a los 33.000. Las cárceles españolas se iban llenando principalmente de personas jóvenes y empobrecidas relacionadas con el grave problema del tráfico y consumo de drogas, que irrumpió con fuerza entre los años 70 y 80. El entonces Gobierno socialista, en lugar de plantear una política sobre drogas que estableciese un marco legal, desarrolló el plan nacional de macrocárceles bajo el ministerio de Antonio Asunción. Grandes complejos penitenciarios se iban construyendo a las afueras de las ciudades por todo el país, que sustituían a las viejas cárceles, generalmente de pequeñas dimensiones.
Diez años después, en el 2000, y como era de esperar, ya eran más de 45.000 las personas que abarrotaban las cárceles, dejando el objetivo de la reinserción social en una pura falacia. En aquellos años de Gobierno del PP, lejos de plantear una nueva política sobre drogas, e incluso una política social que interviniera en los sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad, dictaminó el endurecimiento del código penal "barriendo las calles" de personas con graves problemas sociales y de toxicomanías, que cometían pequeños delitos, que ha provocado que la cifra de presos se eleve a 60.000, a día de hoy, superando en un tercio la capacidad de las cárceles. Es una población penitenciaria joven, mayoritariamente pobre y excluida, enferma y toxicómana. ¿Cómo han reaccionado los gobernantes hasta ahora? Creando macrocárceles y endureciendo las penas. De seguir así, llegaremos al año 2010 con 80.000 o 90.000 personas presas.

La solución pasa por el desarrollo de los derechos humanos en la población empobrecida, por una nueva política sobre drogas que establezca un marco legal y por una política social que intervenga decididamente en los sectores más desvertebrados de la sociedad. Mientras tanto, las cárceles seguirán siendo el último eslabón de la cadena de la descomposición social. 

viernes, 13 de agosto de 2004

CRISIS DE DERECHOS


"Estamos avergonzados de que en 2004 alrededor de 38 millones de personas estén viviendo con VIH/sida y luchando las mismas batallas después de dos décadas", señaló la declaración oficial de la Conferencia Internacional de Bangkok celebrada en julio. La situación es tan extremadamente grave que podríamos calificar a la epidemia de crisis de derechos humanos como señala la secretaria general de Amnistía Internacional (AI), Irene Khan. Esta realidad presenta su máximo exponente en la Africa Subsahariana que soporta una asfixiante deuda externa, pagando cada año 15.000 millones de dólares, cuatro veces lo que los mismos países africanos gastan en salud y educación, las dos mejores medicaciones para combatir el sida. La violación de los derechos humanos que sufren, sobre todo los países del llamado Tercer Mundo, acrecienta la vulnerabilidad de las personas al contagio, cebándose con los sectores más excluidos de la sociedad. Precisamente, el factor de la injusticia social o desigualdad social es el primero en impulsar la pandemia. Curiosamente la Iglesia Católica vive una fuerte esquizofrenia en este asunto, mientras unos/as se dejan la piel luchando contra estas enfermedades e injusticias, otros, desde sus cómodos despachos vaticanos, dictan normas morales alejadas y distantes de la sociedad actual y que pocos son capaces de cumplir. No debemos pasar por alto nuestra realidad más cercana. En Europa Occidental 580.000 personas padecen el VIH/sida, de las que 6.000 murieron el pasado año. En nuestro país existe una aceptable cobertura sanitaria y educativa, pero no olvidemos que el gobierno del PP recortó las ayudas para las personas que padecen el sida. Es urgente que el gobierno del PSOE devuelva este derecho a los enfermos/as, y ofrezca medidas alternativas a los infectados/as que están presos/as.