miércoles, 1 de marzo de 2017

ANDALUCÍA, MUCHO QUE DECIR Y HACER


El Informe FOESSA de 2016 ofrece una serie de datos que  son todo un aldabonazo a la conciencia colectiva andaluza. A modo de ejemplo, es revelador detenerse en los siguientes: la renta disponible en Andalucía entre 2009 y 2015 supuso una bajada del 21.3%, ocupando el último lugar en el ranking de las comunidades del Estado; el porcentaje de personas en riesgo de pobreza ha pasado  del 28.8% en 2009 al 35.7% en 2015, bajando también nuestra posición al último lugar. Asimismo, la tasa que mide el número de familias con todos sus activos en paro subió  un 12.7% en 2016. Para no aburrir con un exceso de cifras que pueden consultarse en el citado informe, podemos concluir afirmando que en los indicadores de desempleo, desigualdad y exclusión, somos la comunidad que más veces ocupa el fatídico primer puesto.

Este desolador panorama tiene dos responsables directos, en primer lugar el Gobierno de España (PP), seguido de la Junta de Andalucía (PSOE). Junto a esta penosa situación económica y social, el buque insignia de la Junta de Andalucía, el SAS, se está viendo afectado, volviendo las mareas blancas a salir a la calle. Sobre el segundo pilar social, la educación, los últimos resultados de la prueba PISA colocan a Andalucía en el último lugar de España en ciencias, y en el penúltimo en lectura y matemáticas.

No quiero caer en el análisis fácil de que en Andalucía no se ha avanzado, sería no aceptar la realidad. Sin embargo, no al ritmo cualitativo de la mayoría de las comunidades. La desigualdad con respecto al resto sigue aumentando, y ello significa que nacer hoy en día en nuestra tierra es contar con muchas menos oportunidades. Esta situación tiene sus causas, en primer lugar, en dos hechos históricos que no podemos obviar: el sometimiento del reparto de tierras realizado por los reyes de Castilla en la baja Edad Media, que fue el origen del latifundismo. Supuso poner nuestra tierra en manos de una oligarquía conformada por nobles y jerarquía católica y ello ha provocado a lo largo de los siglos un empobrecimiento de la población. Por su parte, el golpe de Estado de 1936 provocó una terrible Guerra Civil y la pérdida de modernidad para el país, más acentuado significativamente en el sur peninsular.

Sin embargo, la autonomía devolvió la esperanza a Andalucía. El 4 de Diciembre en la calle y el 28 de Febrero en las urnas nos trajo el derecho a decidir por el 151 de la Constitución, reconociéndonos como una nacionalidad histórica, que conduce a Andalucía a ser considerada no como una comunidad más, sino como uno de los ejes donde debería pivotar el futuro escenario político y federal del país. Andalucía hoy podría liderar un federalismo garante de la igualdad entre los andaluces y de éstos con el resto del Estado, basado principalmente en los pilares básicos de la sanidad y la educación, con una hacienda propia en la que el IVA recaudado por nuestras actividades económicas recayese en políticas sociales fundamentalmente. Cabría preguntarse por qué el PIB bruto de Andalucía es un 25% menor que el de Madrid, cuando la población es de dos millones más de habitantes. La respuesta tiene que ver con que el IVA producido por nuestra agricultura, por los puertos andaluces, principalmente el de Algeciras, por el turismo, etc. va en gran parte a las arcas de la capital de España.

El Gobierno de la Junta de Andalucía, en lugar de favorecer los intereses de nuestra tierra y nuestro pueblo, ha optado por una política centralista, dejando a Andalucía como un instrumento subalterno de sus propios intereses. No cambiaremos de posición mientras la Presidencia de la Junta siga teniendo como mentores a Felipe González, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, los mismos que cambiaron el proyecto de la ley de Reforma Agraria Andaluza, propuesta por Rafael Escudero en 1983, por homenajes a la Duquesa de Alba. Habría que volver la mirada a aquellos 4 de diciembre y 28 de febrero para cargarnos de fuerza y esperanza y reclamar una política basada en la justicia social y en nuestro reconocimiento como nacionalidad o nación histórica, emulando a Blas Infante, que tras recorrer toda Andalucía, comprobó la dura realidad en la que vivían sus gentes. Tomen buena nota tanto los antiguos como los nuevos partidos políticos: Andalucía no puede estar gobernada desde los intereses centralistas. Andalucía necesita una fuerza política y social capaz de creer en ella misma para sacarla del grave empobrecimiento que padece y para exigir el lugar que le corresponde por su historia, identidad y población.
                                                                       Córdoba, 24 de febrero de 2017
                                                                            Miguel Santiago Losada
                                                                                        Profesor