martes, 29 de noviembre de 2016

CÓRDOBA, PARADIGMA

                                 
Un Estado social, democrático, de derecho y aconfesional es lo que somos según la Constitución española, o para ser más correctos, lo que deberíamos ser.
Como Estado social, España se encuentra muy lejos de alcanzar unos niveles satisfactorios de justicia y equidad. Baste recordar que tiene uno de los gastos públicos sociales por habitante más bajos de la UE-15 (grupo de países de la UE de semejante nivel de desarrollo económico que el nuestro). La Encuesta de Condiciones de Vida (ECV)  muestra que el 20% más pobre de la población española ha sido el que más renta ha perdido desde el inicio de la crisis y que las clases medias-altas y altas apenas han sentido el devenir económico durante la recesión. Murcia y Andalucía son las que más han padecido esta dura realidad, encabezando los rankings de mayor desempleo, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA).
Como Estado democrático, tampoco estamos en los mejores momentos si analizamos la situación política. Las últimas declaraciones de algunos dirigentes políticos confirman lo que era fácil de ver y adivinar: grupos financieros, económicos y mediáticos han entorpecido, con la complicidad del aparato del PSOE, una alternativa progresista al gobierno más cuestionado por la corrupción y más conservador existente en la UE-15, dando lugar a una democracia muy limitada, con escasa sensibilidad social.
Como Estado de derecho, nos encontramos con un país excesivamente normatizado que encorseta cada vez más a la ciudadanía, con una de las  leyes penales más duras de la Unión Europea para una de las sociedades menos delictivas. Una ley sumamente penalizadora con los de abajo, que masifica las cárceles de personas empobrecidas, mientras los verdaderos corruptos y delincuentes acampan a sus anchas.
Como Estado aconfesionalidad la verisimilitud es nula. La jerarquía católica, después de 40 años, sigue gozando de múltiples privilegios, impropios de un Estado aconfesional. El Estado sigue permitiendo a la Institución eclesial católica la falta de transparencia en sus cuentas, la inmatriculación de los bienes más valiosos del patrimonio nacional y el adoctrinamiento moral católico en los centros educativos públicos.
Nuestra querida Córdoba es un paradigma muy acentuado de lo descrito, me remito a dos hechos evidentes: la dura realidad social que vive nuestra provincia y el poder fáctico del que goza la jerarquía católica. Según la última Encuesta de Población Activa (EPA), en el último trimestre la cifra de personas desempleadas en nuestra provincia afecta 32.50%. Junto a Jaén, somos de las provincias con más paro. Esta tremenda situación perjudica de una manera determinante a los más jóvenes viéndose obligados a emigrar, como hace décadas, lo que ha motivado una disminución en la población joven cordobesa de un 18,26% (38.900 jóvenes menos) con respecto a la que había en 2005, según datos ofrecidos por la Secretaría de Juventud de CCOO en Andalucía. Por otra parte, si nos referimos a los privilegios de la jerarquía católica, Córdoba también destaca al haber poseído el Cabildo catedralicio la segunda caja de Ahorros de Andalucía (CAJASUR) y tener en sus manos el buque insignia de la economía turística de la ciudad, la Mezquita-Catedral. Alrededor de 13 millones de euros entran en sus arcas sin  declarar, ni tributar, recayendo todos sus beneficios en el Cabildo.
Nos queda un largo camino por recorrer hasta ver un país tal y como lo define la Constitución, y una Córdoba cuya política social y económica le permita alcanzar mayores niveles de equidad y bienestar social y, a la vez, liberada del corsé de la jerarquía  católica.

                                                                                                       Córdoba, 20 de noviembre de 2016
                                                                                          Miguel Santiago Losada

                                                                                                     Profesor