jueves, 10 de octubre de 2013

Vergüenza europea

El Papa Francisco ha calificado de vergüenza lo ocurrido en las costas de la isla de Lampedusa, en la que hasta el momento se han encontrado los cuerpos sin vida de más de 280 inmigrantes procedentes de Somalia y Etiopía. Hay casi otros tantos desaparecidos. Son más de 500 hombres, niños y mujeres (algunas de ellas embarazadas), con nombres y apellidos, que han recorrido miles de kilómetros para embarcarse en un viaje que les aleje de las guerras, las opresiones y las miserias que estrangulan sus vidas. Sólo los que han muerto, han sido regularizados. Vergüenza es poco para expresar lo que se siente ante tanta inhumanidad de los políticos que rigen esta vieja Europa.
Son ya muchos los muertos en la frontera sur entre Africa y Europa. En las dos últimas décadas, más de 17.000 inmigrantes han muerto en las costas de Lampedusa y más de 20.000 inmigrantes han muerto en las costas andaluzas y canarias, según diferentes oenegés europeas y la Agencia de la ONU para los refugiados. Y todo ello, sin tener en cuenta el número de desaparecidos, que podría multiplicar las muertes en estas aguas por tres, cuatro o cinco veces.
Europa cerró sus puertas hace muchos años con una política que niega sistemáticamente visados en los países de origen de los inmigrantes, que utiliza a los Estados del Norte de Africa para que hagan el trabajo sucio y en donde miles de subsaharianos deambulan por las ciudades costeras de países como Marruecos o Argelia, sometidos al racismo, el acoso, la muerte y la violencia de las fuerzas de seguridad.
Los males de esta política violadora de derechos humanos no terminan fuera de sus fronteras. Cuando consiguen llegar a Europa, los Estados miembros de la UE niegan a los inmigrantes en situación irregular el derecho de la ciudadanía. Muchos de ellos son recluidos en los llamados centros de internamiento durante meses, auténticas cárceles pero con aún menos garantías, hasta que son embarcados en aviones y expulsados. A los que logran escapar de la policía se les niega el acceso a derechos esenciales como el de la salud. Mientras, los políticos responsables de dichas medidas culpan a las mafias de las muertes de tantos inmigrantes, lavándose las manos. Hay que desenmascarar esta política hipócrita e inhumana, ya que si no hubiese muros insalvables no habría traficantes.
Un ejemplo muy cercano de esta política sin escrúpulos la ha padecido el joven polaco de 23 años, Piert Piskosub, que murió de hambre hace unos días en el albergue municipal de Sevilla, habiendo sido dado de alta unas horas antes en el Hospital Virgen de Rocío, enfermo y pesando tan sólo 30 kilogramos. Según la dirección del hospital se le dio de alta porque respondía al tratamiento.
Desde Andalucía también tendríamos que responder a muchas preguntas: ¿Piensan dimitir los responsables de la política social del Ayuntamiento de Sevilla? ¿Qué dice el gobierno autonómico que, según sus portavoces, garantiza los derechos sociales y sanitarios a todo el mundo? ¿Qué opina la Asamblea de Obispos del sur? Posiblemente siga los criterios de la Conferencia Episcopal española que ha guardado un silencio cómplice ante medidas como el apartheid sanitario impuesto por el Gobierno Central, quien, a través de su ministra de Sanidad, va pregonando las bondades de la privatización sanitaria, de los recortes en salud que ponen en peligro la vida de inmigrantes y de enfermos crónicos en situaciones graves, del copago farmacéutico, etcétera.
Y la ciudadanía en general, ¿qué deberíamos de decir y hacer ante tan graves violaciones a los derechos humanos? Como decía Mahatma Gandhi: "Lo más atroz de las cosas malas de la gente mala es el silencio de la gente buena". Por consiguiente, algo habrá que hacer-
* Profesor y presidente de la Asociación KALA


miércoles, 2 de octubre de 2013

Estado de la ciudad

Cuando el Ayuntamiento de Córdoba se disponía a celebrar el pleno sobre el estado de la ciudad, una mujer, Rocío Flores, lloraba ante su inminente desahucio, y gritando, lanzaba una pregunta de la que no obtendría respuesta: ¿Cuál va a ser mi futuro? Entre aplausos solidarios de varias personas vecinas de las barriadas con mayor empobrecimiento y exclusión social de la ciudad fue desalojada por la Policía Local. Desde el pasado 26 de septiembre Rocío, su marido y sus dos hijos, de tres años y diez meses, no tienen techo. En el debate sobre el estado de la ciudad, el alcalde de Córdoba defendió la eficacia de su gestión: "Como ven, Córdoba está cambiando (-) es una ciudad más abierta, dinámica, moderna, más integrada-" Sin embargo, su principal promesa no se ha cumplido: desde que tomó posesión como alcalde, el número de personas sin trabajo en nuestra ciudad no ha parado de crecer, habiendo llegado en el pasado mes de agosto a 45.393, lo que significa un aumento del 15% de paro. Nos encontramos ante una ciudad en la que miles de familias tienen que buscarse la vida en bancos de alimentos, comedores populares, economatos y beneficencias varias, mientras el Estado de bienestar se hunde. Según el último estudio del IESA (2010) sólo el 40.6% de los hogares de nuestra ciudad estaban considerados como incluidos, mientras que el 53.1% se situaban en el espacio de la vulnerabilidad, y el 6.4% en el de la exclusión social. Si ya estas cifras resultaban alarmantes, actualizarlas debe ser desolador. En este mismo sentido, una ciudad en la que 111.474 personas con 15 o más años carecen de graduado escolar y 4.179 son analfabetas, según los datos estadísticos del propio Ayuntamiento de Córdoba a 1 de enero de 2011, pone de manifiesto la falta de formación que padece más de un tercio de los habitantes de Córdoba. A todos estos males endémicos que sufre la ciudad hay que añadirle la incertidumbre que muchos/as ancianos/as tienen con sus pensiones, que pueden verse menguadas con la política de recortes del Gobierno de España. A ello hay que añadir el nuevo copago impuesto por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para 42 tratamientos hospitalarios, una medida que afectará en Córdoba a unos 11.160 enfermos crónicos, y que de momento no se aplicará en el Servicio Andaluz de Salud en la fecha prevista por el Gobierno, el 1 de octubre. Este es el verdadero estado de la ciudad, al menos de las personas que más sufren las consecuencias de la crisis. Esta realidad necesita urgentemente que todas las administraciones públicas se pongan manos a la obra con políticas sociales, formativas y de empleo para atajar tanta necesidad, y dar respuestas ciertas y reales a tanto grito desesperado.
* Profesor y presidente de la Asociación KALA