domingo, 9 de agosto de 2009

Salvemos la hospitalidad

La Plataforma ciudadana "Salvemos la hospitalidad" surgió como respuesta a la precarización de valores como la hospitalidad, la solidaridad y los vínculos familiares, valores inalienables amenazados por el Anteproyecto de Reforma de la Ley de Extranjería.
A finales de junio, el Gobierno aprobó apresuradamente la presentación al Parlamento del Proyecto de Ley. Reconocemos que el Gobierno ha rectificado en su redacción algunos incomprensibles errores de bulto que se contenían en el Anteproyecto. Sin embargo, nos preocupan profundamente varias cuestiones que atentan contra los valores que han encontrado su más lograda expresión en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Nos referimos a tres aspectos concretos que el Proyecto de Ley compromete seriamente en su patente obsesión por "agravar el régimen sancionador" de la norma.
1.- El Proyecto sorpresivamente equipara el término "residente" con el de persona extranjera con autorización de estancia o residencia legal. Esto significa invisibilizar definitivamente a los inmigrantes sin papeles y revela una grosera falta de respeto a los valores éticos y democráticos, especialmente hacia los Derechos Humanos "universales" de segunda generación. Esto impediría el empadronamiento de extranjeros en situación irregular, ya que los Ayuntamientos sólo podrían empadronar a los extranjeros con residencia legal en el municipio. De este modo, por mandato de la ley, miles de seres humanos que viven entre nosotros quedarían excluidos del efectivo ejercicio de derechos humanos sociales y sanitarios. Incluso los menores, que tienen garantizados por la Convención de los Derechos del Niño la plenitud de sus derechos, verían comprometida la eficacia del derecho a la salud, a la escolarización, etc. Hace años, el anterior Gobierno del PP restringió derechos humanos de primera generación (asociación, sindicación...) y el Tribunal Constitucional, como no podía ser de otro modo, obligó a reincorporarlos. Ahora el Proyecto lo hace un Gobierno de distinto signo pero cometiendo idéntica tropelía, salvo que, en esta ocasión, con los derechos humanos de segunda generación (sociales, económicos...).
2.- La ley persigue a quienes faciliten el acceso y la permanencia de inmigrantes en España. Fruto de ello es que convierte en "actuación fraudulenta", merecedora de graves sanciones, la de invitar y acoger a un extranjero por el mero hecho de que éste, unilateralmente, decida prorrogar la estancia de modo irregular en España. La pretensión de asfixiar valores como la acogida y la solidaridad se solapan con el legítimo deseo de evitar el fraude de ley.
Poner en la tesitura al ciudadano, al amigo, o peor aún, al hermano, de tener que denunciar a alguien de su sangre, o echarle de casa o dejar de prestarle asistencia para no poder ser tachado de "invitador fraudulento", es bastante más grave que un despropósito. Ni siquiera la legislación criminal impone el deber de declarar o testificar contra un familiar por más grave que sea su delito. Por consiguiente, el invitante se convierte en autor de una infracción "grave" sancionable con hasta 10.000 euros.
No es esta, de manera alguna, la forma de salvar la hospitalidad que esperábamos del Gobierno de España.
3.- En último término, pero no menos importante, el Proyecto de Ley modifica el sentido y pervierte la naturaleza jurídica del padrón municipal, el cual contiene datos de carácter personal sometidos a la tutela de la Administración Local. En ese sentido, el Proyecto de Ley constituye un flagrante ataque al valor ético de la hospitalidad, que sanciona el "consentir la inscripción de un extranjero en el padrón municipal, por parte del titular de una vivienda habilitado para tal fin cuando dicha vivienda no constituya el domicilio real del extranjero". No se olvide que el legislador está pensando en este caso en el empadronamiento a título gratuito (en razón de hospitalidad altruista), pues el que se realiza con ánimo de lucro aparece sancionado como muy grave (art. 54-1-e). Si se mantiene esta regulación, lejos de evitar lo que parece que se quiere evitar (los pisos patera), se puede llegar a provocar una situación de grave riesgo e indefensión para muchos y de peligro para la salud pública: el no empadronado no tiene tarjeta sanitaria, no va al médico, acaba no vacunando a sus hijos y se convierte en un factor patógeno. ¡Los virus no entienden de leyes de extranjería!
4.- Por todo ello, solicitamos la supresión de los preceptos cuestionados, ya que sus contraindicaciones son inasumibles para la democracia y los derechos humanos humanos.

* Profesor y Miembro de la Plataforma Salvemos la Hospitalidad