EL ULTIMO ESLABON

Desde el año 1980 al 1990 la población penitenciaria aumentó en más de 20.000 personas presas, llegando a los 33.000. Las cárceles españolas se iban llenando principalmente de personas jóvenes y empobrecidas relacionadas con el grave problema del tráfico y consumo de drogas, que irrumpió con fuerza entre los años 70 y 80. El entonces Gobierno socialista, en lugar de plantear una política sobre drogas que estableciese un marco legal, desarrolló el plan nacional de macrocárceles bajo el ministerio de Antonio Asunción. Grandes complejos penitenciarios se iban construyendo a las afueras de las ciudades por todo el país, que sustituían a las viejas cárceles, generalmente de pequeñas dimensiones.

Diez años después, en el 2000, y como era de esperar, ya eran más de 45.000 las personas que abarrotaban las cárceles, dejando el objetivo de la reinserción social en una pura falacia. En aquellos años de Gobierno del PP, lejos de plantear una nueva política sobre drogas, e incluso una política social que interviniera en los sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad, dictaminó el endurecimiento del código penal "barriendo las calles" de personas con graves problemas sociales y de toxicomanías, que cometían pequeños delitos, que ha provocado que la cifra de presos se eleve a 60.000, a día de hoy, superando en un tercio la capacidad de las cárceles. Es una población penitenciaria joven, mayoritariamente pobre y excluida, enferma y toxicómana. ¿Cómo han reaccionado los gobernantes hasta ahora? Creando macrocárceles y endureciendo las penas. De seguir así, llegaremos al año 2010 con 80.000 o 90.000 personas presas.

La solución pasa por el desarrollo de los derechos humanos en la población empobrecida, por una nueva política sobre drogas que establezca un marco legal y por una política social que intervenga decididamente en los sectores más desvertebrados de la sociedad. Mientras tanto, las cárceles seguirán siendo el último eslabón de la cadena de la descomposición social.